María Dolores de Cospedal, secretaria general
y presidenta autonómica de Castilla La Mancha por el Partido Popular, ha
asegurado, en una rueda de prensa realizada en la sede nacional del PP, que el
número de empleados públicos en toda España ha aumentado en un 20%, un total de
440.000 personas. En palabras de Cospedal, las administraciones públicas “no
tienen como función ser agencias de colocación” porque “para eso
no pagan los ciudadanos sus impuestos”, asegurando que deben dedicar el
dinero público a ayudar a empresas y autónomos porque son quienes sí deben
tener la función de crear puestos de trabajo; objetivo que, según Cospedal,
"es lo que se está tratando de encauzar desde el Gobierno de España y
desde muchas Comunidades Autónomas”.
Algo malo se ha estado haciendo en la
Administración Pública para que el número de empleados de ese sector haya
aumentado tanto en tan sólo una década, pero tampoco vamos a convertir al
Partido Popular (o a Cospedal) en el adalid de las críticas al exceso de
empleados públicos. ¿O acaso desde el Partido Popular no se ha estado
fomentando, al igual que en las Administraciones Públicas controladas por el
PSOE, el empleo público? Sin lugar a dudas es cierto que el número de trabajadores
de la función pública sea, a ojos de la gran mayoría de los españoles,
excesivo; pero no es menos cierto que el Partido Popular también ha fomentado
esa circunstancia y que, por lo tanto, lo mínimo que puede hacer es asumir su
parte de responsabilidad.
Otro grave problema tiene el Gobierno entre
sus manos y muchos nos tememos que, de ser tratado igual que otros asuntos
(especialmente la crisis económica), puede acabar convirtiéndose en un nuevo
foco de agitación social. Sólo esperamos que aquellas personas que, en su
momento, aprobaron de forma honesta y justa una convocatoria de oposición a un
empleo público no se vean perjudicadas por todos aquellos cargos ubicados “a
dedo” en algunos más o menos influyentes puestos de la Administración Pública.
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