El
juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha archivado la causa
abierta por la posible revelación de secretos por parte del ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa que éste ofreció el
pasado 19 de julio tras la detención de cuatro miembros del GRAPO por su
relación con el secuestro del industrial Publio Cordón hace 17 años. El
magistrado ha considerado que el ministro, pese a ofrecer al menos cinco datos
reservados sobre el transcurso de las pesquisas, “no tenía conciencia del
nivel de reserva por mandato judicial” y tampoco tenía intención de
perjudicar la investigación en marcha.
En
esta ocasión, el juez ha aplicado la ley y ha llegado a la conclusión de que un
alto cargo del Gobierno es inocente de un presunto delito. En cambio, en otras
ocasiones los jueces concluyen, tras apelar a la aplicación de la ley, que los
terroristas con las manos manchadas de sangre inocente se encuentran en un
estado adecuado para abandonar la prisión y retornar a una vida normal con el
resto de la sociedad.
¿Por
qué el llamado Estado de Derecho funciona de una manera tan diferente cuando se
juzga a políticos y a terroristas? Curiosa cuestión sobre la que más de una
persona debería de reflexionar.
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