El parlamento autonómico de
Castilla La Mancha aumentó el número de diputados autonómicos de 49 a 53
durante el pasado mes de mayo, una propuesta impulsada y apoyada únicamente por
el Partido Popular de Castilla La Mancha liderado por María Dolores de
Cospedal. Ahora, cuatro meses después, la idea de Cospedal es reducir a la
mitad el número de parlamentarios autonómicos y que éstos no cobren un sueldo
público, sino que se dediquen a alguna actividad profesional.
Al margen de este sorprendente
cambio de Cospedal en tan sólo cuatro meses, a nuestro entender no sólo es
necesario que se reduzca a la mitad el número de parlamentarios autonómicos,
sino que es imprescindible que desaparezcan los parlamentos autonómicos. Si ya
el Congreso de los Diputados, encargado de sacar adelante las propuestas a
nivel nacional, demuestra constantemente su falta de acierto y de utilidad,
¿podemos esperarnos algo positivo de una imitación limitada al área de la
respectiva Comunidad Autónoma? Precisamente una de las razones que provocan más
desigualdad legal y de servicios entre los españoles son estos miniparlamentos
que suponen una sangría de dinero público para el Estado, despilfarro del cual
se hacen cargo los contribuyentes a través de los impuestos.
En cuanto a la dedicación
profesional de los parlamentarios autonómicos, no estaría nada mal que dejaran
de cobrar sueldos públicos por tener otra renta derivada de actividades
profesionales. Sin embargo, no podemos ocultar nuestro escepticismo acerca de cómo
podrían emplear posteriormente los políticos la compatibilidad entre ocupar un
cargo público y ocupar un trabajo remunerado profesional.
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