El Partido Popular trata de apuntarse al carro de poner en duda la viabilidad del Estado de las Autonomías, pese a haber estado sirviéndose de ese modelo durante décadas, mientras el PSOE apuesta por mantenerlo como está.

La consejera de Empleo y Economía de Castilla La Mancha, Carmen Casero, aseguró hace una semana y media, en referencia a la posibilidad del Estado de intervenir las Comunidades Autónomas utilizando el artículo 155 de la actual Constitución Española, que el Gobierno de Mariano Rajoy “tiene que tomar medidas en los sitios que tiene que controlar” y España “no puede funcionar como 17 reinos de taifas”. Además, Casero señaló que las regiones “tienen que ir todas a una” y que “el Gobierno tiene que ser quien maneje el timón en la salida de la crisis y las regiones tenemos que estar con él porque si no, no saldremos de esta situación”.

Ahora parece que hasta el Partido Popular se apunta a la “moda” de señalar al modelo de Estado de las Autonomías que impera en España desde 1978 como el gran responsable del despilfarro y la ruina de las arcas públicas. Cierto es que estamos de acuerdo con las palabras de la consejera Carmen Casero, pero nos gustaría recordar que en su día hubo muchas personas que avisaron de que este modelo de Estado supondría para España la ruina más absoluta (sin olvidar el fomento de los movimientos separatistas que ha realizado) y se les reprochó e insultó por ello.

Por todo lo dicho, desde -elmunicipiotoledo- queremos señalar el oportunismo político del Partido Popular, recordando que junto con el PSOE es quien más se ha beneficiado de los privilegios que las Comunidades Autónomas han concedido a los miembros electos de los partidos políticos (especialmente el elevado número de cargos públicos logrados gracias a los 17 “miniparlamentos”).

Por otra parte, no entendemos cómo el Gobierno puede pretender intervenir las Comunidades Autónomas cuando dicho Gobierno se encuentra al borde de la efectiva intervención económica por parte de las entidades políticas supranacionales, como la Unión Europea (aunque el famoso rescate parece retrasarse por un tiempo). Por muy dañinas que las Comunidades Autónomas sean para España, un país sin soberanía de cara al extranjero difícilmente podrá, coloquialmente hablando, poner orden en su propia casa. Además, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas se encuentran bajo gobiernos del Partido Popular, que ya cumplen con los planes de recortes ordenados desde el Gobierno; por lo tanto, esta idea de amenazar a las Comunidades Autónomas con la intervención parece más una amenaza a los escasos cotos de poder que le quedan a sus homónimos del PSOE (Andalucía, Vascongadas y Asturias) que un objetivo económico marcado por el Estado (aunque, observando el tiempo que ha pasado desde que se anunció la idea, parece que este Estado ni siquiera va a ser capaz de cumplir con esa intervención a entes políticos y administrativos autonómicos).

Esa posible imposición estatal a los gobiernos autonómicos del PSOE imaginamos que habrá sido la razón por la cual la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha asegurado en referencia a las Comunidades Autónomas que “ha sido un modelo bueno para los españoles, nos ha facilitado una buena convivencia política, hemos avanzado económicamente y hemos ido generando un Estado social que ha prestado a los ciudadanos, hasta ahora, la satisfacción de derechos muy importantes”. Cualquiera diría que esta señora y el resto de los españoles no vivimos en el mismo país, porque es evidente que las autonomías no han traído más que desigualdad y conflictividad entre los españoles: al margen de los separatismos, hay que recordar que las Comunidades Autónomas han supuesto una ruina en lo económico, ofreciendo servicios básicos gracias al endeudamiento de los diversos gobiernos autonómicos, y unas enormes diferencias de calidad y contenido en sectores como el de la educación pública. El PSOE parece que no ha aprendido la lección y sigue empeñado en mantener un modelo de Administración Pública que, de manera irremediable, tiene los días contados porque ya cada vez más españoles se cuestionan su rentabilidad y utilidad.

La futura existencia económica de España ha de pasar por un modelo de Estado central en el terreno político y descentralizado en lo económico. El Estado debe de recuperar potestades que afectan a todos los españoles y tener las delegaciones provinciales necesarias para provecho de los habitantes de cada lugar de España, evitando la presencia innecesaria de gobiernos y parlamentos autonómicos que no mejoran para nada la labor del Gobierno central (y eso que éste no tiene el listón muy alto precisamente). Y para ese modelo de Estado, desde luego, no podemos contar ni con el Partido Popular ni con el PSOE porque muy difícilmente van a aspirar a ese cambio radical quienes se han estado lucrando con el nefasto organigrama actual.