domingo, 22 de julio de 2012

Dignidad y Justicia presenta 90 pruebas con el objetivo de que los tribunales ilegalicen a Bildu.

La asociación Dignidad y Justicia entregó el pasado martes en la Fiscalía General del Estado un informe en el que se exponen 90 conductas de la coalición abertzale Bildu que constituirían indicios suficientes para iniciar el proceso de ilegalización de esta formación política. Ante este suceso, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha comunicado que se “examinará” la denuncia presentada por Dignidad y Justicia contra Bildu y, “si procede, se actuará en el ámbito que permite la ley de partidos políticos”.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha valorado como positivas las palabras del fiscal general del Estado, proponiendo a su vez una “pequeña modificación de la ley de partidos” con el objetivo de adelantarse a la izquierda abertzale en el caso de que ésta volviera nuevamente a verse ilegalizada y tratara por vías legales de volver a presentarse ante la sociedad con un aspecto diferente.
Cualquier iniciativa encaminada a ilegalizar una formación política del entorno de la banda terrorista ETA debe (o debería) de ser apoyada por cualquier español mínimamente consciente del problema que el terrorismo supone para la seguridad y libertad de quienes forman parte de la sociedad española; pero, como somos realistas, podemos imaginarnos que hay personas que se muestran más partidarias de la presencia de Bildu en las instituciones públicas con tal de que ETA mantenga su “cese de actividad armada”. Si la banda terrorista publicó ese comunicado fue precisamente por la débil situación en la que se encontraba, tanto en número de miembros dispuestos a cometer sus objetivos como en el enorme rechazo social que su entorno político estaba desarrollando entre la gran mayoría de los españoles (especialmente de los vascos), algo que sin duda dificultaba y mucho sus propósitos políticos secesionistas. Sin embargo, el apoyo del último gobierno de Zapatero y la dejadez del actual gobierno de Rajoy no han hecho más que aumentar la presencia pública del entorno político de ETA ante toda España…cuando, supuestamente, la banda terrorista era más débil.
Un gobierno español cometió la estupidez de legalizar a formaciones políticas afines a ETA cuando era el momento más idóneo para acabar con la existencia de la organización criminal. Y, ahora, un gobierno español se muestra reticente a ilegalizar a aquellas mismas formaciones que, por desgracia, parecen tener un considerable apoyo social entre la población vasca y navarra, en el momento en que éstas formaciones están demostrando ser más peligrosas para el futuro de España.
De todas formas, una cosa hay que tener muy clara: sean o no legales las marcas políticas que ofrezca ETA a la sociedad española con tal de obtener cargos públicos, no debe olvidarse que la banda terrorista sigue existiendo y en ningún momento ha desaparecido. No ha habido derrota de ETA, sino cese de actividad de la banda gracias a que el chantaje al que sometió a la clase política española ha dado sus frutos.

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