La asociación Dignidad y Justicia entregó
el pasado martes en la Fiscalía General del Estado un informe en el que se
exponen 90 conductas de la coalición abertzale Bildu que
constituirían indicios suficientes para iniciar el proceso de ilegalización
de esta formación política. Ante este suceso, el fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha comunicado que se “examinará” la denuncia
presentada por Dignidad y Justicia contra Bildu
y, “si procede, se actuará en el ámbito que permite la ley de partidos
políticos”.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y
Justicia, ha valorado como positivas las palabras del fiscal general del
Estado, proponiendo a su vez una “pequeña modificación de la ley de partidos”
con el objetivo de adelantarse a la izquierda abertzale en el caso de que ésta
volviera nuevamente a verse ilegalizada y tratara por vías legales de volver a
presentarse ante la sociedad con un aspecto diferente.
Cualquier iniciativa encaminada a ilegalizar
una formación política del entorno de la banda terrorista ETA debe (o debería)
de ser apoyada por cualquier español mínimamente consciente del problema que el
terrorismo supone para la seguridad y libertad de quienes forman parte de la
sociedad española; pero, como somos realistas, podemos imaginarnos que hay
personas que se muestran más partidarias de la presencia de Bildu en las
instituciones públicas con tal de que ETA mantenga su “cese de actividad
armada”. Si la banda terrorista publicó ese comunicado fue precisamente por la
débil situación en la que se encontraba, tanto en número de miembros dispuestos
a cometer sus objetivos como en el enorme rechazo social que su entorno
político estaba desarrollando entre la gran mayoría de los españoles
(especialmente de los vascos), algo que sin duda dificultaba y mucho sus
propósitos políticos secesionistas. Sin embargo, el apoyo del último gobierno
de Zapatero y la dejadez del actual gobierno de Rajoy no han hecho más que aumentar
la presencia pública del entorno político de ETA ante toda España…cuando,
supuestamente, la banda terrorista era más débil.
Un gobierno español cometió la estupidez de
legalizar a formaciones políticas afines a ETA cuando era el momento más idóneo
para acabar con la existencia de la organización criminal. Y, ahora, un
gobierno español se muestra reticente a ilegalizar a aquellas mismas
formaciones que, por desgracia, parecen tener un considerable apoyo social
entre la población vasca y navarra, en el momento en que éstas formaciones
están demostrando ser más peligrosas para el futuro de España.
De todas formas, una cosa hay que tener muy
clara: sean o no legales las marcas políticas que ofrezca ETA a la sociedad
española con tal de obtener cargos públicos, no debe olvidarse que la banda
terrorista sigue existiendo y en ningún momento ha desaparecido. No ha habido
derrota de ETA, sino cese de actividad de la banda gracias a que el chantaje al
que sometió a la clase política española ha dado sus frutos.
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