Castilla-La Mancha cifra en 1.742 millones de euros las facturas sin pagar durante el mandato socialista.

El informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha revela la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio, algunas de ellas vigentes desde hace un año, según ha desvelado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Leandro Esteban, después de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha estudiado este informe, realizado por la Intervención General de la Junta con datos aportados por los funcionarios de cada consejería y que será remitido a la Sindicatura de Cuentas para que, en un plazo de tres semanas, lo valide.

A la vista de ese dato, el portavoz del Gobierno que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reclamado una reunión urgente con la vicepresidenta económica del Gobierno central, Elena Salgado, para “desbloquear el auténtico marasmo de pagos” que debe acometer ya el Ejecutivo autonómico, que tiene prohibido acceder a más crédito por no tener aprobado un plan de equilibrio financiero.

Esteban ha evitado precisar el dato de déficit público que arroja el informe hasta que Cospedal se lo traslade a Salgado, pero ha dado por hecho, como ya anunció la presidenta regional, que está por encima del 4%.

Acusa a Barreda de mentir

A juicio del portavoz del Ejecutivo autonómico, el hecho de que haya al menos 1.472 millones de euros en facturas sin pagar demuestra que el anterior Gobierno que presidía el socialista José María Barreda mintió cuando, en el proceso de traspaso de poderes, dijo que eran 700 millones lo que se debía a proveedores y que se pagaba en un mes, cuando hay facturas con un año de vida.

Esteban ha afirmado que los datos de las facturas impagadas están “absolutamente contrastados”, pues provienen de los funcionarios de las consejerías, ha advertido de que en próximas fechas también se conocerán datos relevantes sobre “gasto superfluo” del anterior Ejecutivo.

También ha recalcado que, pese a la dificultad de la situación, hay margen para actuar y, “con mucho esfuerzo”, empezar a acometer pagos para garantizar la prestación de servicios, sobre todo a los sectores más necesitados, y el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, el Consejo de Gobierno de este jueves ha ordenado el pago de más de 2.500 becas con cargo a programas del Servicio Público de Empleo (Sepecam), de las prestaciones que corresponden a más de 29.000 personas por la ley de dependencia, así como de las pensiones asistenciales y del mínimo de solidaridad.

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