El gobierno autonómico
vasco ha aprobado un primer decreto sobre “víctimas de violencia de motivación
política” del que se podrán beneficiar aquellos sujetos (o sus familiares) que
sufrieron “abusos policiales por parte de funcionarios públicos desde los años
1960 a 1978”.
Con ese recurso
narrativo utilizado para no explicar lo que pretende realmente, el gobierno
autonómico vasco, gobernado por el PSOE y Patxi López (quien en numerosas
ocasiones ha mostrado su apoyo a la posibilidad del acercamiento de terroristas
de ETA a Vascongadas), ha aprobado la concesión de hasta 390.000 euros a cada
miembro de la banda terrorista ETA que actuara durante los primeros años en los
que los terroristas comenzaron a crearse su oscura reputación.
Como si todo lo
dicho anteriormente fuera poco, la Comisión de Valoración que examinará cada
solicitud de los terroristas o sus familiares se encuentra adscrita a la
“Dirección de Derechos Humanos” del gobierno autonómico vasco.
Lo cierto es que,
mirandolo de una manera frívola, este tema podría parecer incluso una broma de
muy mal gusto (especialmente por lo de que sea una “Dirección de Derechos
Humanos” quien se encargue de todos los trámites), pero lamentablemente es un
nuevo insulto del PSOE a las víctimas de la banda terrorista ETA, quienes
nuevamente han vuelto a ser rebajadas a la condición de “otra parte” que parece
haberse impuesto en la mentalidad de algunos colectivos político-sociales que
pretenden hacer pasar el fenómeno del terrorismo separatista vasco como una
especie de conflicto civil entre dos partes cuando, en realidad, lo vivido en
las provincias vascas y en Navarra ha sido el ataque indiscriminado de una
parte de la población, envenenada ideológicamente por el separatismo, contra el
resto de los españoles, especialmente contra aquellos encargados de defender la
unidad de la nación española.

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