En
este jueves 29 de marzo, sobradamente conocido por la convocatoria de huelga
general, los sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras trataron de llegar hasta
el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del gobierno regional de Castilla La
Mancha presidido por María Dolores de Cospedal y el Partido Popular, pero la
presencia de los miembros de la Policía Nacional impidió que pudieran lograr su
objetivo y tuvieron que conformarse con explotar algún petardo.
Continuando
su “charanga reivindicativa” por las calles del Casco Histórico de la ciudad,
los sindicalistas estuvieron a punto de llegar a las manos (aprovechando su
superioridad númerica) con dos empleados de una cafetería que se encontraba
abierta; sellando, además, con silicona las cerraduras de algunos
establecimientos comerciales; y pasando por los comercios abiertos para obligar
a que cerraran.
Según
sus estimaciones, los sindicatos mayoritarios lograron reunir en la Plaza de
Zocodover a una cantidad que rondaría las 15.000 personas; no obstante, la
Delegación de Gobierno la reduce a 4.500 personas. Allí, en uno de los lugares
más emblemáticos de Toledo, lanzaron su habitual y demagógica charla en la que
se proclaman como los “defensores de los trabajadores” y “representantes de la
clase obrera”. Por supuesto, en ningún momento hicieron mención a las
subvenciones recibidas por el PSOE y a su escasa actividad en la calle cuando
era este partido quien gobernaba, saqueaba y arruinaba a la nación española.
A
la convocatoria de UGT y Comisiones Obreras acudieron, esto sí que nadie lo
pone en duda, únicamente las personas afines al PSOE e Izquierda Unida. En este
último jueves hubo también actos de otras plataformas sindicales minoritarias
que también lograron reunir a su gente, pero resulta imprescindible separar
unas convocatorias de otras porque no son iguales; y la más importante, por la
resonancia que ha tenido, es la de UGT y CCOO... pero no porque vayan a
conseguir algo (la última vez que dijeron que lograrían sus objetivos tras una
huelga general fue antes de que el gobierno de Zapatero aumentara la edad de
jubilación hasta los 67 años y luego no volvieron a echarse a la calle pese a
quedar en evidencia), sino porque llevan décadas incrustados dentro de la
Administración Pública, recibiendo subvenciones y organizando eventos con los
que hacer creer a los españoles que son nuestros defensores, y son quienes
causan mayor impacto en la opinión pública.
No
cabe ninguna duda de que las medidas antisociales del Partido Popular se
merecen una huelga, pero una de verdad e indefinida (igual que la que en su
momento se mereció el PSOE liderado por Zapatero), no una farsa de un día en el
cual se acuerdan “servicios mínimos” mientras que los sindicalistas organizan
una fiesta urbana itinerante a lo largo y ancho de toda la geografía
española...
Nuestra
postura es muy clara: nos oponemos firmemente a la reforma laboral, pero no
podemos considerar ni remotamente legitimas las reivindicaciones de una clase
sindical sierva del modelo de Estado actual que ha provocado la ruina en España
y en tantos otros países del mundo.
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