El Gobierno permitirá que Cospedal endeude con 1.500 millones de euros más a Castilla La Mancha.

El Consejo de Ministros ha autorizado operaciones de endeudamiento a varias Comunidades Autónomas entre las que se encuentra Castilla La Mancha, que podrá endeudarse con una cantidad de 1.528,72 millones más.

La ruina económica de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha es un hecho que nadie puede negar, hasta ahí todos de acuerdo. ¿Pero acaso es la solución tolerar en mayor medida el endeudamiento, que ya de por sí es insostenible y no parece tener una solución clara ni a largo plazo?

Sabemos que ahora saldrán los partidarios del antiguo gobierno regional (que los tiene y muchos, pese a que algunos quieran negarlo) a criticar que el Gobierno de España ha permitido esta medida debido a que la autonomía castellano manchega se encuentra bajo el control del Partido Popular... y tendrán razón; pero no por ello, y que les quede bien claro, les vamos a conceder el lujo de la legitimidad para arremeter contra el despilfarro, el amiguismo y la ruina del Estado autonómico.

El PSOE y el Partido Popular llevan tres décadas organizando pequeños cotos de poder político a lo largo y ancho de toda la geografía española. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene la más mínima legitimidad para condenar la ruina que las autonomías han supuesto a España.

La solución a la ruina autonómica pasa por, irremediablemente, eliminar la división política y administrativa creada por el modelo estatal implantado por la Constitución de 1978. Las divisiones particularistas deben desaparecer asumiendo el Estado las competencias que le corresponden para igualar en la misma medida las condiciones de todos los españoles y demás personas que habiten en el territorio nacional. ¿Por qué deben regirse de forma distinta unas personas de Murcia respecto a otras de Vizcaya únicamente por la división autonómica cuando se encuentran dentro del mismo ente nacional?

Ahora bien, tampoco estamos propugnando que el Estado asuma todas las competencias y el poder absoluto. Como ha quedado demostrado sobradamente, existen competencias como la Sanidad y la Educación que en manos particulares quedan demasiado grandes, siendo mucho más recomendable su control por parte del órgano central. En cambio, otro tipo de competencias sí que podrían ser cedidas por el Estado hacia otros entes, pero no a las ruinosas Comunidades Autónomas, sino a las provincias y a los municipios (en caso de que pudieran hacerse cargo de las mismas).

El Estado de las Autonomías ha sido un largo y consolidado régimen de amiguismos y chanchullos de los partidos políticos (y no sólo de los dos grandes, porque el PNV en las provincias vascas y Ciu en Cataluña también han sacado su propio provecho). Frente a la ruina y a la incompetencia, proponemos un sistema alternativo en el cual las competencias más importantes y costosas queden en manos del Estado, para asegurar una justa distribución a todos los españoles al margen de donde habiten, además de que aquellas competencias asumibles a provincias y municipios pasen a manos de los entes locales con el objetivo de implantar un sistema administrativo y de servicios más cercano.