Según
se concluye por los datos revelados del anteproyecto de Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, los gestores públicos que
cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, como son los casos
de falsear y ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de
inhabilitación y una multa.
Además,
las infracciones consideradas muy graves (y algunas estimadas “solamente” como
graves) por el anteproyecto de ley llevarían a la destitución en el cargo del
gestor y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de
entre cinco y diez años; y en cuanto al falseamiento y ocultación de los datos
contables, la conducta será constitutiva de delito y podrá ser penada con la
inhabilitación por diez años junto a la correspondiente multa.
El
Partido Popular, con este proyecto, pretende lavar un poco la imagen de la
clase política española tras los últimos escándalos ocurridos respecto a
algunos de los políticos profesionales de los dos partidos mayoritarios en
España.
Por
nuestra parte, no entraremos al trapo acerca de quién es más corrupto que otro;
porque ni hemos apoyado a partidos políticos que hoy gobiernan alcaldías,
diputaciones, autonomías y Gobierno, ni pensamos hacerlo a partir de ahora.
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