El Pleno del Tribunal
Constitucional por fin se ha pronunciado, al cabo de siete años, sobre el
recurso que interpuso en 2005 el Partido Popular acerca de la
constitucionalidad del “matrimonio homosexual”. Y por 8 votos a favor frente a
3 en contra, ha desestimado el mencionado recurso dando el espaldarazo legal
definitivo a este tipo de uniones civiles.
Como era de esperar, el Gobierno
de España, por medio del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha
comunicado que acata la sentencia y que no modificará la ley que permite los
enlaces civiles entre individuos del mismo sexo.
Por suerte, frente a la
acomplejada y esperada postura del Gobierno del Partido Popular, Don Antonio María
Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, no ha tenido ningún prejuicio en asegurar que esta decisión
significa que “la familia ha quebrado y mucho en las generaciones jóvenes”.
Por nuestra parte, como católicos
defensores de nuestra doctrina, no podemos considerar como válido este fallo
del Tribunal Constitucional porque, independientemente del rango que ostente
dicho órgano, por encima de las leyes creadas y promulgadas por los hombres se
encuentran otras que no pueden reformarse o modificarse, pese a los muchos
venazos totalitarios que le puedan dar al gobierno de turno como para creerse
capaz de crear un nuevo modelo de familia (cuando la familia es precisamente
una institución natural, que no puede crearse de manera artificial, porque
surge de la unión entre el hombre y la mujer dispuestos a traer hijos al mundo)
o para creerse capaz de reescribir aquellos capítulos de la Historia que no
sean de su agrado (cuando la Historia, por mucho que a algunos les desagrade,
no puede ser reescrita).
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