jueves, 30 de agosto de 2012

Posible rubalcabazo en el Partido Popular.




El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha señalado en una providencia que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo ofrecer en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado mes de julio datos protegidos por el secreto de sumario relativos al secuestro y asesinato del industrial aragonés Publio Cordón.
 
Para saber si el ministro es culpable, el juez de la Audiencia Nacional necesita realizar una serie de comprobaciones, para las cuales requiere al Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al General Jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Faustino Álvarez Sola, quienes deben comunicarle en un plazo de cinco días “quien o quienes le dieron información verbal o escrita del resultado de las investigaciones y a quien se la transmitió”. Además, el responsable de Información del Instituto Armado tendrá que identificar a la persona “que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación”.
 
Javier Gómez también solicita a todas las cadenas nacionales y a la autonómica Telemadrid las cintas de vídeo de la rueda de prensa que ofreció el ministro de Interior el 19 de julio sobre la investigación, que desencadenó el arresto de cuatro miembros GRAPO y de los cuales dos fueron encarcelados después por su relación con el secuestro. Durante la rueda de prensa sobre el secuestro, Jorge Fernández Díaz explicó que Publio Cordón murió a los “15 o 16 días” de haber sido secuestrado por la banda terrorista GRAPO tras sufrir un accidente en un intento de huida. El ministro dio, en la comparecencia, “por definitivamente esclarecido” el secuestro cometido 17 años antes, a la espera de la aparición del cuerpo, explicando también que en la segunda planta de la vivienda donde permaneció recluido Publio Cordón había un “armario-zulo cerrado con una cadena”en la que estuvo secuestrado, espacio en el que se localizaron marcas con “palotes” que indicaban un plazo de dos semanas.
 
En caso de que el juez de la Audiencia Nacional considerara que Jorge Fernández Díaz reveló datos protegidos por el secreto de sumario, el Ministro de Interior sería investigado por el Tribunal Supremo.

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