lunes, 6 de agosto de 2012

Doscientos cincuenta interinos defienden sus empleos en Toledo.



En torno a 250 trabajadores interinos de la Junta de Castilla La Mancha se manifestaron este pasado jueves en Toledo para defender sus puestos de trabajo ante la instrucción del gobierno autonómico que autoriza la amortización del 80% de las plazas de este personal. Los manifestantes, que lucían camisetas de color negro en las que se leía el lema “Orgulloso de ser empleado público”, partieron de la plaza de Zocodover rumbo al paseo del Tránsito, para protestar frente al palacio de Fuensalida.

La manifestación estuvo organizada y controlada en todo momento por Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y La Intersindical de Castilla La Mancha.

Hasta para una ciudad tranquila como Toledo, donde las manifestaciones no es que suelan ser algo muy habitual, parece volverse como un elemento más de la rutina estas constantes concentraciones de los empleados del sector público contra los recortes del Gobierno, tanto del Ejecutivo de Mariano Rajoy como del ente autonómico controlado por María Dolores de Cospedal.

Los trabajadores del sector público están en su derecho de defender sus empleos y a su actitud no se le puede reprochar nada (si acaso alguna pequeña puntualización que ahora no viene al caso). Esas personas estudiarían en su momento para las oposiciones que tuvieran que realizar y las aprobarían, asumiendo posteriormente por ello su puesto como trabajadores de la Administración Pública.

Pero no podemos callar nuestras palabras de reproche hacia los grupos sindicales mencionados anteriormente. ¿No se han estado lucrando con la organización económica y estatal vigente hasta el día de hoy? ¿Acaso ese dinero malgastado en mantener sus instalaciones y su tinglado no podría compensar los sueldos de los trabajadores públicos a los que ahora dicen representar y defender, evitándose así que los interinos pasaran a engrosar las listas del paro?

Desde -elmunicipiotoledo- aconsejamos a las instituciones públicas que no se conformen con recortar las subvenciones a los sindicatos (y a los partidos políticos), sino que las eliminen completamente. Y luego, con ese ahorro que seguro que obtendría la sociedad española, podría mirar por una sola vez por el bien de las personas afectadas por la crisis y no despedir a estos trabajadores que ahora se van a ver sin empleo y pasándolo aún peor.

Aunque, no obstante, mejor sería que los gobiernos de turno se preocuparan de reformar radicalmente la estructura de la Administración Pública, para evitar que el número de trabajadores público termine siendo excesivo y para que éstos tengan, ni más ni menos, los mismos derechos laborales que el resto de colectivos profesionales.


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