Los empleados públicos de Castilla La Mancha convocan una manifestación en Toledo para el 2 de agosto.

Representantes de los empleados públicos de Castilla La Mancha han convocado a los trabajadores de su sector laboral afectados por los recortes, tanto del gobierno central como del autonómico (especialmente en personal estatutario de la Administración de la Seguridad Social y en docentes) a una manifestación que tendrá lugar el próximo jueves 2 de agosto en Toledo (en la misma fecha en que el Consejo de Gobierno se reunirá con María Dolores de Cospedal) y cuyo trayecto será desde la Plaza de Zocodover hasta el Palacio de Fuensalida.

Los empleados públicos están en todo su derecho a protestar por unos recortes que, evidentemente, suponen una pérdida de sus honorarios; pero no estaría mal que, por una vez, quien se manifiesta por este tipo de causas ofreciera una alternativa a la situación actual. Y por alternativa no podemos aceptar la propuesta de volver a las etapas de gobiernos del PSOE (muchos empleos públicos y despilfarro insostenible), porque ha quedado confirmado que ese modelo a la larga es claramente insostenible.

Por nuestra parte, sí que tenemos una propuesta: mejor racionalización de los empleados públicos (evitando que haya empleados públicos trabajando en la misma función sólo que en ámbitos diversos, como sucede con la existencia al mismo tiempo de los gobiernos central y autonómico) y condiciones laborales similares a la del resto de trabajadores (como la supresión de los días “por asuntos propios”, de los que gozan algunos funcionarios, un privilegio con el que no se cuenta en otros sectores laborales).

Quizá esta propuesta suponga la pérdida de empleo de algunos trabajadores públicos en algunos sectores, pero a la larga supondría una mejor planificación del empleo público y un modelo mucho más rentable para los bolsillos de los contribuyentes españoles. Por otra parte, para un mejor futuro económico de España, sería mucho más positivo que existiera mayor número de trabajadores en el sector privado que en el sector público, porque la creación de riqueza sólo puede realizarse a través de la iniciativa privada y no sacando más plazas de funcionarios públicos (hablamos, por supuesto, de sectores económicos en los que en ningún momento incluimos a la educación secundaria, post-obligatoria y universitaria; principalmente porque no podemos considerar a la educación como una actividad económica debido a que este tipo de actividades tienen como fin el beneficio económico y este objetivo es incompatible con el de la actividad educativa).